El proyecto minero San Jorge, impulsado para la explotación de cobre en Mendoza, presenta serias inconsistencias ambientales, legales y sociales que lo vuelven inviable. Así lo demuestra la información técnica y territorial analizada, que expone riesgos concretos sobre el agua, el ambiente y el modelo de desarrollo de la provincia.
Un riesgo inaceptable para el agua
Uno de los principales puntos críticos del proyecto es su impacto directo sobre los recursos hídricos. En una provincia con escasez estructural de agua, la actividad minera propuesta implica un uso intensivo del recurso y un alto riesgo de contaminación, afectando no solo al consumo humano, sino también a la producción agrícola y a las economías regionales que dependen del agua para subsistir.
Daños ambientales irreversibles
El proyecto amenaza ecosistemas frágiles y suelos que cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental de la región. Los impactos previstos no son temporales ni fácilmente reversibles, lo que contradice los principios básicos de prevención y precaución que deben regir cualquier iniciativa de este tipo.
Incompatibilidad con la normativa vigente
La información relevada muestra que el Proyecto San Jorge no se ajusta plenamente a la legislación ambiental provincial, vulnerando principios fundamentales como la protección del ambiente, la participación ciudadana y el derecho de las comunidades a ser escuchadas antes de la aprobación de emprendimientos de alto impacto.
Sin licencia social
A lo largo de los años, amplios sectores de la sociedad mendocina han expresado su rechazo al proyecto. Asambleas, organizaciones sociales, instituciones y vecinos han manifestado de forma sostenida su oposición, evidenciando la falta de licencia social necesaria para avanzar con un emprendimiento de estas características.
Un modelo de desarrollo que no cierra
El proyecto se presenta como una oportunidad de desarrollo económico, pero los beneficios prometidos son limitados y concentrados, mientras que los costos ambientales, sociales y productivos recaen sobre la población local. Este desequilibrio profundiza desigualdades y compromete actividades sostenibles ya existentes en la provincia.
Procedimientos deficientes y poca transparencia
El proceso de evaluación y aprobación del proyecto estuvo atravesado por irregularidades, con instancias de participación ciudadana insuficientes y un tratamiento que no contempló adecuadamente los estudios técnicos y antecedentes que advertían sobre su inviabilidad.
Un debate que Mendoza ya dio
Mendoza ha construido a lo largo del tiempo un consenso social en defensa del agua y del ambiente. Insistir con el Proyecto San Jorge implica desconocer ese recorrido colectivo y avanzar sobre derechos fundamentales de la población.
Por todo esto, el Proyecto San Jorge no solo es ambientalmente riesgoso, sino también socialmente rechazado, legalmente cuestionable y económicamente injusto, convirtiéndose en un ejemplo de un modelo de desarrollo que Mendoza ya decidió no aceptar.