La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio inicio formal a la causa judicial presentada por la Asociación Civil Progreso Mendoza, que cuestiona la Ley Provincial N.º 9.684 mediante una acción de inconstitucionalidad.
La Ley 9.684, sancionada a fines de 2025, es la norma que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata, y habilita su avance.
En este primer proveído, la Corte aceptó la presentación, reconoció a los representantes legales y resolvió que el caso sea tratado por el pleno del tribunal, debido a la relevancia institucional y constitucional del planteo.
La acción judicial sostiene que la ley aprueba una evaluación ambiental incompleta, vulnera principios básicos del derecho ambiental y podría afectar recursos hídricos y ecosistemas estratégicos de la provincia.
La Corte aún no se pronunció sobre el fondo del caso. El proceso recién comienza y será clave para definir la validez constitucional de la ley que habilita el avance del proyecto.