El viernes pasado, desde la Asociación Civil Progreso Mendoza, junto al abogado Eduardo Sosa, especializado en derecho ambiental, presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una acción colectiva de inconstitucionalidad contra la Ley 9.684, que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.
Se trata de una acción judicial clave para frenar un proyecto que consideramos ilegal, ambientalmente riesgoso y socialmente rechazado, y que avanza vulnerando derechos fundamentales de la población mendocina.
¿Qué estamos cuestionando?
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el instrumento mediante el cual el Estado autoriza un proyecto luego de evaluar sus efectos sobre el ambiente, el agua y la salud de las personas. En este caso, sostenemos que la DIA del Proyecto San Jorge fue aprobada de manera irregular y que posteriormente fue ratificada por una ley que también resulta inconstitucional.
Por eso solicitamos la nulidad tanto de la DIA como de la Ley 9.684, por violar la Constitución, la legislación ambiental vigente y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Una DIA incompleta y sin garantías
Uno de los puntos centrales de nuestra presentación es que la DIA fue aprobada sin contar con estudios técnicos esenciales, especialmente en relación al recurso hídrico, en una provincia donde el agua es un bien escaso y estratégico.
Advertimos que organismos técnicos oficiales señalaron la falta de información y la existencia de incertidumbre científica. Sin embargo, esas observaciones fueron desoídas por el Poder Ejecutivo y por la mayoría legislativa que avaló el proyecto.
Esto contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de prevención y el principio de precaución, que obligan al Estado a actuar con máxima cautela frente a actividades que pueden generar daños graves o irreversibles.
Menos participación, menos democracia
También denunciamos una restricción indebida a la participación ciudadana. El modo en que se tramitó la aprobación del proyecto limitó el derecho de la sociedad a informarse, opinar y participar en decisiones que afectan directamente su territorio y su forma de vida.
Entendemos que esta situación viola el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Una acción colectiva para defender derechos de todos
La acción presentada es colectiva porque busca defender derechos que nos pertenecen a toda la sociedad:
el derecho al agua, a un ambiente sano, a la vida y a un desarrollo que no hipoteque el futuro.
Por eso convocamos a la ciudadanía a adherir masivamente, con el objetivo de constituir la acción colectiva ambiental más grande de la Argentina, en defensa de las generaciones presentes y futuras.
Creemos que el debate sobre el Proyecto San Jorge no es solo técnico o jurídico: es una discusión profunda sobre qué modelo de desarrollo queremos para Mendoza y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar derechos esenciales en nombre de un supuesto progreso.
Para quienes deseen profundizar en los aspectos legales y técnicos, ponemos a disposición el texto completo de la demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.