La Diputada Roxana Escudero, el Diputado José Luis Ramón, la Pastoral Social de la Iglesia, la Asamblea Permanente de Vecinos Autoconvocados y el Partido Socialista presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el acto administrativo mediante el cual el Estado autoriza un proyecto luego de evaluar sus efectos sobre el ambiente, el agua y la salud de la población. Se trata de una herramienta clave para garantizar controles, participación ciudadana y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
El objetivo de esta presentación es que el máximo tribunal provincial se expida sobre la legalidad del procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo aprobó la DIA, señalando un proceso institucionalmente irregular que excluyó la participación ciudadana en una decisión que impacta de forma directa sobre el ambiente y los derechos de los mendocinos.
Se sostiene que la aprobación de la DIA responde a un procedimiento anómalo, impulsado por una decisión política del gobernador Alfredo Cornejo, sin garantizar instancias reales de debate público ni control democrático. En la Legislatura, el oficialismo cuenta con una mayoría que funciona como una validación automática de proyectos redactados por el Poder Ejecutivo, otorgando legalidad formal a decisiones que carecen de legitimidad social.
Se denuncia además que los organismos de control de la provincia se encuentran cooptados por el poder político, lo que impide un control independiente y efectivo. Esta imposición desconoce deliberadamente las manifestaciones populares que se expresan de manera sostenida en Mendoza.
No podemos naturalizar que el desarrollo económico se base en la violación de los derechos humanos ni en la vulneración del derecho de los mendocinos a decidir sobre su territorio y sus bienes comunes.
En este contexto, desde Progreso Mendoza anunciamos que el próximo 9 de enero presentaremos una acción colectiva ambiental, que será la más grande del país. Convocamos a personas e instituciones a adherir, fortaleciendo el reclamo judicial con participación ciudadana y movilización social.
Defender el ambiente, el agua y la democracia requiere acciones legales, pero también el compromiso activo de toda la sociedad mendocina.